La expropiación a Repsol-YPF del 51% de YPF en Argentina no beneficia a nadie y posiblemente a quien menos lo haga sea a la Argentina que con esta acción pone en duda la seguridad jurídica de los inversores extranjeros en el país. El tema es complejo y se merece un análisis en profundidad. De momento, solo una observación: el problema para España, es que los argumentos que pueda utilizar para protestar por la expropiación se van a ver algo nublados por la propia actuación del anterior gobierno en relación a la reducción de las primas por la generación de energía solar fotovoltaica, que dejó a muchos inversores nacionales y extranjeros en esa misma situación de indefensión jurídica.
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